Varios directores aseguran que canales del Estado transmiten sus películas sin su consentimiento. Venezuela carece de un ente que proteja la propiedad intelectual de los realizadores.
Diego Rísquez denunció que su película Manuela Sáenz fue transmitida sin permisos por el canal Vive TV. El cineasta presentó la queja en una asamblea de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, en la que varios de sus integrantes secundaron la preocupación del realizador. El martes se reunirá con los responsables del medio para hablar sobre el tema.
El año pasado la Televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana difundió Reverón, del mismo autor, aunque con la particularidad de que no fue exhibida hasta el final. Al regreso de un corte comenzó un programa encabezado por militares.
Rísquez asegura que en ningún momento ha dado autorización para que este medio presente su filme. Él solo se enteró de la transmisión que hizo Vive TV el 15 de marzo, pero parece que no ha sido la única vez. En la red social Twitter hay usuarios que afirmaron estar viendo la historia a través de ese canal el 27 de enero de 2015 y el 25 de septiembre de 2013.
En las televisoras el Estado es común que ver largometrajes de Román Chalbaud, quien asegura que sí ha dado su permiso, pero no a todas. “He vendido varias películas a canales como TVES, Venezolana de Televisión, Venevisión y Radio Caracas Televisión. La Cinemateca Nacional, muy correctamente, solicita siempre mi autorización”, dice.
En Twitter suelen comentar cada vez que hay una transmisión de este tipo. “Se pasan de piratas. Están pasando la película Cangrejo bajada de Youtube”, afirmó @VicMarchan2013 el 28 de septiembre de 2014. Al respecto, Chalbaud respondió: “No sabía nada sobre lo que hizo el canal de las Fuerzas Armadas”.
Ese medio también ha transmitido filmes de Olegario Barrera como El manzano azul (2012), protagonizada por Miguel Ángel Landa.
“Sí, me han comentado que un canal del Ejército la ha pasado muchas veces, de forma abusiva. Son transmisiones inconsultas, ilegales. Pero cómo voy a pelear con una televisora de militares en un país en el que no existe el Estado de Derecho”, indica el realizador, cuya cinta Pequeña revancha (1986) también se ha visto por esa señal.
El cineasta recuerda que lo mismo le sucedió con Una abuela virgen (2007) y TVES. “No tenían permiso para hacerlo; además, la cortaron para ajustarla al horario de transmisión. Cuando me han pedido alguna película para proyectarla en festivales o exhibiciones en la calle siempre he aceptado, pero deben solicitar la autorización”.
Luis Alberto Lamata cuenta que una vez tuvo un percance de este tipo con TVES. “Ocurrió con Jericó y Desnudo con naranjas, hace casi 10 años, pero no ha vuelto a pasar. En octubre me pidieron permiso para exhibir la primera. Creo que hay que respetar los derechos. Tanto cineastas como los canales deben llegar a un acuerdo, aunque tampoco la idea es que los largometrajes se queden fríos”.
El productor Donald Myerston menciona que recientemente el canal TVepaco lo contactó a él y a la directora Viveca Baiz para pedir el permiso de transmisión del cortometraje Titiri-we: el canto de la noche. “Nos dijeron que no pagarían por eso, así que no le dimos la película”, señala.
Myerston afirma que estos casos son comunes. Incluso, que hay cineastas que piensan que si una película es financiada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, adscrito al Ministerio de la Cultura, el Estado puede exhibirla libremente. “Claro, hay contratos que tienen sus particularidades con respecto a la emisión en televisión. No obstante, es importante recordar que ese dinero no es exclusivamente recurso estatal. Es descabellado afirmar que es del Estado el dinero de Fonprocine”, señala sobre el ente que recauda las contribuciones de varios sectores, como las compañías exhibidoras, las cableoperadoras o las distribuidoras para la producción de cintas nacionales.
Entidad colectiva
El abogado Antonio José D’Jesús, especialista en propiedad intelectual, es uno de los impulsores del capítulo Venezuela de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, que ya tiene sede en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, entre otros países.
Recuerda el artículo 42 de la Ley de Derecho de Autor, que establece que es ilícita la comunicación, reproducción o distribución total o parcial de una obra sin el consentimiento del autor o de sus derechohabientes.
“Es ilícito transmitir películas sin autorización de sus productores. Al final, es mejor no atacar a ningún canal porque obviamente se preguntarán a quién le van a pedir el permiso. Si la ley dice que debe existir una entidad de gestión colectiva y no hay ninguna, el medio alegará que no tiene por qué ir de puerta en puerta buscando al productor. La normativa exige que se cree ese organismo. Un grupo notificó su constitución y solo espera respuesta”.
Cita como referencia a la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, que se encarga de administrar las licencias de los creadores que representa. “Eso no ocurre con los productores de obras audiovisuales. Egeda Venezuela sería esa entidad necesaria para resolver el problema en caso de que haya usos no autorizados de obras audiovisuales”.
La notificación se hizo ante la a Dirección Nacional de Derecho de Autor del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, un ente de arbitraje al que acuden las partes en caso de conflicto. Como presidente de la entidad figura Caupolicán Ovalles.
El experto advierte que hay casos puntuales de acuerdos entre autor y productor. “La Villa del Cine se puede reservar el derecho de distribuirla en canales públicos. El ente, como coproductor, lo puede hacer. Recordemos que sus fondos provienen directamente del Estado. Tal vez muchos no ven esa letra pequeña y se molestan. Lo mismo puede ocurrir con los acuerdos del CNAC, pero varía de acuerdo con lo especificado en cada contrato”.
En los años noventa, uno de los casos más recordados fue el protagonizado por RCTV y el cineasta Carlos Azpúrua, quien demandó al medio por haber transmitido dos veces en 1999 su película Amaneció de golpe, así como también por haber hecho ediciones a la obra con las que el autor no estuvo de acuerdo.
Azpúrua está al tanto del debate. “Sí me opongo a que en esta polarización tan arrecha quieran politizar la vaina. Tenemos el derecho de reclamar, pero no de generar visiones distorsionadas desde la política. En definitiva, hay algo que rescatar: la unidad de criterio de los autores más allá de las visiones ideológicas. Esto es una gran oportunidad para establecer parámetros generales”, dijo el director por teléfono.
Caso Youtube
Se desconoce si TVFANB utiliza Youtube como fuente de películas venezolanas, pero lo que sí es notorio es la baja calidad del material que exhiben. Por ejemplo, el año pasado, cuando transmitieron Reverón, la imagen era difusa y apenas se escuchaban los diálogos. Lo que sí es sabido es que en la página web no son pocas las producciones nacionales que se pueden encontrar.
Para el abogado Antonio José D’Jesús esto también constituye una violación a los derechos de autor. “Es solo que en Venezuela guardamos silencio porque no tenemos una entidad de gestión que defienda estos derechos, recuerda que para el productor es muy costoso asumirlo”, señala el abogado, quien destaca que Egeda en otros países firmó un acuerdo con Youtube para proteger estos derechos.
Por HUMBERTO SÁNCHEZ AMAYA | hsanchez@el-nacional.com | @HumbertoSanchez
Fuente: http://www.el-nacional.com/